Aunque este objetivo nunca se realizó, Quebec sigue siendo la provincia de Canadá donde la matrícula universitaria es menos elevada. En esto se apoya el gobierno para sostener que se impone un ajuste al alza y que los estudiantes deben “pagar su justa parte” en la financiación de la formación de la que se benefician. “Congelado” durante 20 años a su nivel de 1968, 500 dólares por curso, el precio de matriculación universitaria se triplicó al principio de los años 1990, y después de nuevos aumentos de 100 dólares por año durante los cinco últimos años se ha llegado a los 2.168 dólares de la actualidad. El nuevo aumento gradual en siete años que debe entrar en vigor en otoño lo elevará a 3.946 dólares en 2018-2019. El gobierno sostiene que esta cantidad no hará más que poner al día la suma de 1.968 dólares tal y como hubiera aumentado al ritmo de la inflación durante este periodo de 50 años.

En primer lugar este razonamiento rompe con el consenso general que era reducir las tasas hasta la gratuidad, considerando que la educación es un bien común en el que tanto los costos de financiación como sus ventajas deben ser compartidas por el conjunto de la colectividad. Pero también descuida los “gastos conexos ” o “gastos institucionales obligatorios”, que se agregaron a la matrícula en los últimos años hasta llegar hoy a cantidades que se elevan a 650 dólares por año.

Una movilización poderosa

Activada a principios de febrero, la huelga, que ha entrado en su quincena semana el 21 de mayo, ha movilizado centenares de miles de estudiantes en los campus de los colegios y en las universidades e incluso ha experimentado breves huelgas en solidaridad en algunas escuelas de secundaria. Las protestas estudiantiles se han caracterizado por un sinnúmero de acciones de solidaridad, por la organización de piquetes destinados a bloquear el acceso a las aulas universitarias y de los colegios que fueron decididas por votación democrática en favor de la huelga, por centenares de manifestaciones en varias ciudades, por gigantescas manifestaciones de las cuales las del 22 de marzo, 22 de abril y 22 de mayo, que reunieron más de 200.000 personas en Montreal, y por manifestaciones nocturnas regulares la 29ª de las cuales tuvo lugar el 22 de mayo. Las movilizaciones se han caracterizado también por una violenta represión policial que ha realizado miles de detenciones y provocado graves heridas a los manifestantes atacados con porras, gas pimienta, bombas de sonido y balas de plástico o de caucho de las unidades de choque de las brigadas antidisturbios. Opuestos a la violencia y decididos a excluirla de sus filas, el movimiento estudiantil ha sido, sin embargo, incapaz de erradicar la acción de matones infiltrados en las manifestaciones, lo que ha proporcionado un pretexto a las acciones brutales de la policía y ha servido de argumento al gobierno deseosos de atribuirles la responsabilidad de actos vandálicos cometidos por elementos ajenos a las movilizaciones. Montreal vibra cotidianamente al son de las patrullas que se desplazan en tromba de un lugar al otro al son de los manifestantes, y de los helicópteros que vigilan las operaciones desde el cielo.

El movimiento huelguista ha manifestado una extraordinaria madurez política y una excepcional determinación en la defensa de la voluntad de cambiar las cosas. Ha hecho palpable y de manera contundente la arrogancia y el carácter retrógrado de una camarilla en el poder que está preparada para todo por tal de preservar sus privilegios y sus valores obsoletos. Ha demostrado un inmenso talento y una remarcable creatividad en vincular a la acción militante el arte vivo de la resistencia. Lo hemos visto en las pancartas, carteles, letreros, disfraces, maquillajes, el desnudo parcial de algunas manifestantes con los pechos pintados con un simple recuadro rojo, pero también en el teatro, la parodia y la canción. A modo de ejemplo, remito a los lectores y lectoras de este artículo a los vídeos “Lipdub rouge” y “Tribunal du peuple des condamnés d’avance”, y la canción de Ariane Moffat titulada “Jeudi, 17 mai 2012”², accesibles en internet.

La resistencia estudiantil se ha ganado el cariño y apoyo de la población. Entre los enseñantes en primer lugar, profesores y asociados de colegios y universidades, y sus sindicatos, federaciones y centrales. La agrupación “Profesores contra el aumento”³ en particular, constituida desde el principio de la huelga, ha multiplicado las iniciativas de apoyo a los estudiantes, en los piquetes y con diversas iniciativas, al igual que los organismos de defensa de los derechos y las libertades y numerosas personalidades. El círculo de artistas les ha ofrecido un sólido apoyo. Cabe mencionar la gala de Jutra, que reconoce todos los años a los participantes del ámbito del cine quebequés, donde una mayoría de artistas exhibieron el cuadro rojo símbolo de las movilizaciones. Las muestras de apoyo a la causa estudiantil están también muy extendida entre la población en general.

Los “derechos individuales” enfrentados a los derechos colectivos

Ni que decir tiene que los oponentes a la acción estudiantil no han reparado en esfuerzos para bloquearles el paso, en primera línea el gobierno del Partido Liberal dirigido por el primer ministro Jean Charest. Ferozmente decidido a aumentar el coste de matriculación, ha cerrado la puerta a cualquier concesión y se ha negado a negociar con las asociaciones estudiantiles, contando con un reflujo del movimiento que nunca llegó. No consintió emprender un diálogo con las asociaciones estudiantiles hasta que in extremis, después de 11 semanas de huelga, se hizo evidente que los cursos corrían el riesgo de estar irremediablemente comprometidos. Aún así, lo ha hecho con una actitud de no-reconocimiento de la acción estudiantil como movimiento colectivo de huelga decidido democráticamente por las asociaciones que representan a los estudiantes, y un no-reconocimiento de éstas como verdaderas organizaciones representativas de los mismos. Después de haber rechazado discutir con la parte más radical del movimiento, la Coalición Amplia para una Solidaridad Sindical de Estudiantes (CLASSE) ⁴ bajo el pretexto de que la coalición rechazaba condenar explícitamente la violencia, Charest ha finalmente aceptado contra su voluntad porque la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUQ) ⁵ y la Federación de Estudiantes de Institutos (FECQ)⁶ habían exigido su participación. Una cuarta federación, la Mesa de Concertación Estudiantil del Quebec (TACEQ)⁷ también ha formado parte de las discusiones.

Las únicas negociaciones que han tenido lugar entre el gobierno y las cuatro agrupaciones se llevaron a cabo a lo largo de 20 horas consecutivas. Empezaron el 4 de mayo para terminar al día siguiente, a pesar de que se producían violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías en la pequeña ciudad de Victoriaville dónde el Partido Liberal reunió su Consejo General para alejarse de Montreal. El resultado de las negociaciones fue un acuerdo en el que a los representantes estudiantiles les tomaron el pelo. Afortunadamente, este acuerdo fue rechazado masivamente por los miembros de las cuatro organizaciones. Rechazando retomar las discusiones y alegando al mismo tiempo que se encontraban en un callejón sin salida y la urgencia de salir de él, el gobierno recurrió a la imposición de una ley de excepción de extrema severidad, introducida por un proyecto de ley designado como proyecto de ley 78.

Antes de la adopción de esta ley, los estudiantes que se oponían a la continuación de la huelga se dirigieron a los tribunales para pedir que ordenaran retomar los cursos, alegando su derecho a recibir los servicios por los cuales habían pagado. Los jueces del Tribunal Superior que se ocupaban de estas demandas han otorgado e impuesto, contra las más elementales consideraciones pedagógicas, que las clases se den a uno, dos, tres o cuatro estudiantes, en nombre de su supuesto “derecho individual a los estudios”. La respuesta estudiantil con piquetes masivos ha hecho que las administraciones de los centros afectados se dieran cuenta de la imposibilidad de cumplir con estos mandatos. Nos encontrábamos frente a la aberrante situación en la que los profesores están forzados por un orden judicial a dar clases a un ínfimo puñado de estudiantes con el riesgo de ser acusados de desacato y, si se diera el caso, de enfrentarse a penas de prisión.

Es difícil no ver aquí una analogía entre el llamado “derecho individual a los estudios”, de las sentencias, y el llamado “derecho individual al trabajo” que pretende garantizar en los Estados Unidos los así llamados “right-to-work laws” o “leyes de derecho al trabajo” en vigor en 23 Estados conservadores concentrados en el sur y en el oeste del país. Fraudulentamente designadas como leyes de “derecho al trabajo”, estas leyes anti-sindicales reconocen, de hecho, un derecho a los trabajadores refractarios de boicotear la acción sindical, y beneficiarse de las ventajas negociadas por el sindicato sin ser miembros y sin asumir los gastos de su financiación.

El gobierno no ha dejado de insistir que la huelga estudiantil no era una huelga, aunque ella haya sido votada democráticamente por la mayoría de voces en las asambleas debidamente constituidas, sino un “boicot” de los cursos decidido de manera individual por ciertos estudiantes. Según el gobierno, estos últimos siempre podían, si así lo deseban, “boicotear” sus cursos, pero no se les permitía, en nombre de una acción colectiva intimidar el “derecho individual a los estudios”. La ley 78 afirma este pretendido “derecho individual a los estudios” y hace añicos el reconocimiento del derecho a decidir colectivamente una interrupción de los cursos. El gobierno no puede asumir que los estudiantes recurran como los trabajadores a la medida de presión que es la interrupción del trabajo, es decir la huelga.

El alcance excepcional de la ley 78

La ley 78 ordena a los profesores a reprender el trabajo y a cumplir todos los deberes relacionados con sus funciones, sin interrupción, retraso, reducción o alteración de sus actividades normales. Se prohíbe que una asociación de asalariados, sus dirigentes, incluyendo a los portavoces y a sus miembros, participen en una acción concertada que implique el incumplimiento de estas obligaciones. Se estipula que nadie puede, por acto u omisión, interferir el derecho de un estudiante a recibir la enseñanza y prohíbe toda forma de reunión en el interior de un edificio donde se proporcionen estos servicios, así como en un radio de 50 metros de las instalaciones. La ley decreta que una asociación, o una federación de asociaciones, es solidariamente responsable de los perjuicios causados por los miembros que la incumplan y establece la obligación de indemnización en materia de responsabilidad civil según los daños supuestos.

La ley 78 prevé que, si una asociación de estudiantes es declarada culpable de alguna traba en el funcionamiento normal de las actividades educativas, será privada de sus locales, de su mobiliario y de otras ventajas, así como de las cotizaciones retenidas, a razón de un trimestre por cada día de interrupción. La ley 78 vulnera la Ley de acreditación y financiación de asociaciones de estudiantes que desde los años 1960 ha dado reconocimiento oficial a las asociaciones de estudiantes. Es la misma existencia de asociaciones de estudiantes lo que se encuentra así amenazado por la ley de excepción.

En caso de infracción de cualquier disposición de la ley, ésta establece multas que van de 1.000 a 5.000 dólares para un individuo, de 7.000 a 35.000 dólares para un dirigente o portavoz de una asociación y de 25.000 a 125.000 dólares para una asociación. Estas sumas son dobladas en caso de reincidencia.

Mucho más allá del objetivo de la reanudación de las clases, la ley regula toda forma de manifestación limitando a 50 el número de personas más allá del cual se debe obtener un permiso para organizarla. Una demanda a este efecto debe entregarse a la policía al menos ocho horas antes y el itinerario debe ser desvelado, lo que convierte en ilegal toda manifestación espontanea desencadenada por cualquier motivo y por cualquier organización. El cuerpo policial que recibe la demanda tiene el poder de modificar este itinerario. Con esta ley que estará vigente hasta julio de 2013 el gobierno busca imponer la “paz social” hasta después de las próximas elecciones que deben celebrarse antes de esa fecha. En esta misma línea la ciudad de Montreal adoptó un reglamento obligando a los organizadores de manifestaciones que desvelaran sus itinerarios, de lo contrario se considerarían ilegales. También decretaron como ilegal llevar máscaras en las manifestaciones.

Una ley abrumadoramente rechazada

La ley 78 ha sido severamente denunciada por la población en general, por los sindicatos, las asociaciones democráticas y numerosas personalidades que han condenado las violaciones de derechos de asociación, expresión y manifestación, y ver en ella los gérmenes de un Estado Policial. Algunas peticiones han reunido ya las firmas de centenares de miles de ciudadanos y se han iniciado procesos para impugnar su legalidad. La organización de estudiantes más radical, la CLASSE, ha llamado a la desobediencia civil para oponerse. Para medir el grado de oposición a esta ley, cabe mencionar que cuenta incluso entre sus filas con el Colegio de Abogados⁸ el decano del cual ha declarado que la ley “viola los derechos constitucionales y fundamentales de los ciudadanos” y que “la magnitud de estas limitaciones de libertades no es justificada para alcanzar los objetivos del gobierno”. Lamentablemente, el Colegio ha condenado la vía de la desobediencia civil como medio de contestación, caracterizándola como una inadmisible derogación del Estado de Derecho.

Respecto a las limitaciones al derecho de manifestación, estas se desafían cada día en la calle. La noche misma de la adopción de la ley 78, 15.000 personas descendieron a las calles de Montreal y centenares en otras ciudades, como Quebec, Sherbrooke y Gatineau, cantando: “No es una ley especial lo que nos va a someter. ¡Huelga general indefinida!” o “La ley especial, a mi me la suda”⁹. Más de 250.000 manifestantes de todas las edades, de Montreal y de otras regiones de Quebec, mostraron su rechazo desfilando por las calles de Montreal el 22 de mayo al medio día, en el día 100 de huelga. Simultáneamente, manifestaciones de tamaño más modesto tuvieron lugar en varias ciudades de Quebec. Esta misma noche, tuvo lugar en Montreal la 29ª manifestación nocturna consecutiva contra el aumento de las matriculas y, a partir de ahora, la “loi matraque”¹⁰.

El apoyo a la huelga también se ha extendido fuera de Quebec, en particular al Canadá inglés donde los mensajes de solidaridad y apoyos financieros han sido enviados por la Federación Canadiense de Estudiantes, la Asociación Canadiense de Profesores universitarios, el Sindicato Canadiense de la Función Pública, los Trabajadores Canadienses del Automóvil, el Sindicato de Comunicaciones, de la Energía y del Papel, así como Nueva York y París donde ha habido manifestaciones el 22 de mayo.

Esta formidable movilización de estudiantes, y también de personas de toda procedencia y de todas las edades, no solo expresa el apoyo a las reivindicaciones estudiantiles. Expresa el hartazgo de la población frente a unos dirigentes políticos corruptos y arrogantes, culpables de fraude y de abuso del poder. Es importante saber que en el momento en que el gobierno Charest adoptó su “loi matraque”, comenzaron las labores de la Comisión de investigación pública sobre la colusión y la corrupción en la adjudicación de contratos públicos en el sector de la construcción. Charest llevaba más de dos años bloqueando la creación de esta comisión de investigación. Esta investigación tiene por objetivo descubrir los vínculos entre el crimen organizado, los contratistas de la construcción, las consultoras de ingeniería y la financiación oculta de los fondos electorales de los partidos políticos, en especial del Partido Liberal.

El trabajo de esta comisión de investigación ha revelado la presencia en una cena benéfica organizada por la dimisionaria ministra de Educación, Line Beauchamp, de una figura conocida de la mafia italiana de Montreal. Line Beauchamp se hizo famosa por representar la línea dura contra las movilizaciones estudiantiles. Por otro lado, el alcalde de Montreal, Gérald Tremblay, se ha visto salpicado por la detención por parte de la Unidad permanente anti-corrupción de su ex brazo derecho, Frank Zampino, antiguo presidente del comité ejecutivo de la ciudad de Montreal, así como de una decena de sus cercanos colaboradores bajo las acusaciones de fraude, complot y abuso de poder!

El coste mínimo de las reivindicaciones de los estudiantes

En el presupuesto del año 2012-2013 presentado el pasado 20 de marzo, el gobierno estableció en 279 millones de dólares la contribución neta de los estudiantes a la financiación de las universidades derivada del aumento del precio de matriculación previsto para 2016-2017. Esta cantidad, que no representa más que el 0,3% de los ingresos presupuestarios previstos para 2016-2017, podría obtenerse por el gobierno, añadiendo simplemente un escalón de contribución a los impuestos del 28% sobre la renta de los particulares que perciban ingresos superiores a 125.000 dólares¹¹. Así, simplemente, los ciudadanos más pudientes, antes que a los estudiantes pobres, pueden “pagar su justa parte” para que las universidades obtengan los recursos necesarios para mantener y mejorar su calidad.

Aunque la cuestión no está inmediatamente en el orden del día, en una batalla contra el aumento del precio de matriculación universitaria, es útil saber que el coste anual de alcanzar la gratuidad de la universidad sería del orden de 600 millones de dólares y que podría financiarse exclusivamente con la imposición de las ganancias de capital, de las empresas y de los particulares. El resultado de no hacerlo ha comportado gastos fiscales, es decir, un regalo a los pudientes, de 830 millones de dólares en 2011¹². Ya es hora de dejar de imponer a los jóvenes quebequeses la carga de la financiación de este bien común que es la educación y de empezar a medir los ingresos a los que el gobierno renuncia a través de sus generosas medidas fiscales respecto a las empresas y a los más ricos. Queriendo obstinadamente meter la mano en los bolsillos de los estudiantes para aumentar la financiación de las universidades, el gobierno se equivoca de bolsillo. Debería, más bien, recaudarlo en aquellos estratos mejor tratados por los privilegios del sistema fiscal. Siguiendo el camino de la arrogancia y del combate en la retaguardia, el gobierno ha provocado el desencadenamiento de un excepcional movimiento portador de grandes aspiraciones.

Tradución de Ivan Gordillo para Marxismo Crítico

Fuente: http://marxismocritico.com/2012/06/06/la-huelga-estudiantil-en-quebec/

Notas:

1 Como sabrán los lectores y lectoras el arce es el árbol típico de Canadá; y los cuadros rojos se refiere a la insignia que han adoptado los estudiantes para simbolizar su lucha, un simple cuadro de color rojo han lucido en solapas, pancartas, carteles y banderas. NdT.

2 “Lipdub rojo”, “Tribunal del pueblo de los condenados de antemano” y “Jueves 17 de mayo” seria la traducción de los títulos de los vídeos sugeridos por el autor y que personalmente recomiendo el visionado para entender lo que aquí se explica sobre las acciones del movimiento. NdT.

3 “Profs contre la hausse ” en el original francés. NdT.

4 Coalition large pour une solidarité syndicale étudiante. CLASSE, en sus siglas en francés. NdT.

5 15 asociaciones de estudiantes universitarios que agrupan 125.000 miembros.

6 23 asociaciones de institutos que agrupan 80.000 miembros.

7 70.000 miembros de tres universidades.

8 Barreau de Quebec en el original francés. NdT.

9 En el original francés, y conservando la sonoridad : « C’est pas une loi spéciale qui va nous faire plier. Grève générale illimitée ! » o « La loi spéciale, j’m’en câlisse ».

10 Como se ha popularizado dicha ley. Literalmente “ley porra” o “ley que aporrea”.

11 Hay tres escalones impositivos sobre la renta de particulares en Quebec. Las tasas de imposición son de 16% sobre las rentas inferiores a 39.060 dólares, 20% sobre las rentas comprendidas entre 30.061 y 78.120 dólares y 24% sobre las rentas superiores a 78.120 dólares.

12 Ministerio de Finanzas de Quebec. Gastos fiscales, Edición 2011, p. VIII.