Hace años que no se escuchaba una defensa tan abierta del sistema de fondos de pensiones como la levantada por José Piñera, creador del modelo. El ex ministro del Trabajo de Pinochet elogió su engendro como el mayor beneficio que ha tenido la economía chilena en su historia, a la vez que destacó, ante una audiencia compuesta por empresarios, ejecutivos y economistas, que el sistema ha entregado “prosperidad para todos los chilenos”. Piñera, que fue la estrella en el seminario “Los desafíos del sistema de pensiones”, considera que la administración privada de los fondos de retiro de los trabajadores salvó a Chile de la quiebra, y ha colocado al país entre las naciones más prósperas del continente. El punto de inflexión de la economía chilena, sostuvo, se produjo con la creación del sistema de AFP.

Sus elogios no terminaron allí. Chile, dijo, es el séptimo país del mundo con mayor libertad económica, algo logrado por las reformas neoliberales y la Constitución de 1980, en tanto el sistema ha concitado tanto apoyo que ha permanecido durante seis gobiernos. Incluso el de Michelle Bachelet, recordó, obligó a cotizar a más de un millón de personas. Para José Piñera, que no esconde la soberbia, su creación es perfecta.

Lo es, sin duda, para las administradoras de los fondos de pensiones y para las grandes corporaciones que se benefician con un capital de más de 150 mil millones de dólares. Aun cuando no lo dijera, para el ex ministro de la dictadura la prioridad de los fondos es apuntalar las inversiones de las empresas, dejando en lugar secundario proteger las pensiones de los trabajadores. Es por ello que en su alocución no hubo reconocimiento de las bajas pensiones ni las dificultades para cotizar que tienen millones de personas.

El discurso de José Piñera, aparentemente técnico, busca ocultar una mirada cargada de ideología, la del libre mercado. Porque no hay nada más ideológico que la defensa a ultranza de un modelo rechazado por la gran mayoría de los casi diez millones de forzados afiliados al sistema. En todos los sondeos de opinión los trabajadores critican no sólo el sistema de AFP, sino también el manejo privado con fines de lucro de todas las actividades económicas, partiendo de las más básicas. La idea de “prosperidad” que tiene Piñera no la comparten los pensionados de las AFPs, sino las administradoras. Por esa actividad ganaron el año pasado más de 600 millones de dólares, cifra que fue un 41 por ciento más alta que la del año anterior.

ATRINCHERAMIENTO EMPRESARIAL

La amplificación a través de los medios de comunicación de las palabras de Piñera entrega una señal del atrincheramiento ideológico-empresarial ante el malestar ciudadano. Lo que ha comenzado con las movilizaciones de múltiples sectores, se ha expandido desde la crítica al sistema educacional hacia muchos otros ámbitos, entre ellos el modelo privado de pensiones. Porque la creación de José Piñera ha hecho millonarias a las administradoras, ha engordado a las empresas que reciben los fondos de los trabajadores y está produciendo una generación de pensionados en la miseria. Si por un lado tenemos cifras en millones de dólares, las pensiones promedio no llegan a 180 mil pesos mensuales.

El discurso de Piñera es un discurso totalitario. No deja posibilidad de discusión, lo que quedó demostrado cuando en los salones de Casapiedra se le acercó Gino Lorenzini, del portal Felices y Forrados. Cuando el economista le hizo una pregunta técnica, el gurú de las AFPs huyó para buscar refugio entre sus pares.

Más allá de esta anécdota, que expresa la soberbia empresarial y su incapacidad argumental, lo cierto es que estamos frente a una arremetida empresarial que se muestra incómoda por las crecientes críticas al modelo. Este embate lo vimos también hace poco menos de un mes cuando Icare premió a dos ministros de Hacienda, Alejandro Foxley y Felipe Larraín, por sus “aportes a la economía chilena”, pero también cuando el Centro de Estudios Públicos (CEP), que dirige el empresario Eliodoro Matte, despidió a Arturo Fontaine, su director por más de treinta años, por aplicar una política de consensos. Para cuando en marzo de 2014 asuma Harald Beyer, el CEP ha adelantado según versiones de prensa, que adoptará un discurso más agresivo para enfrentar las críticas al modelo.

Hay numerosos factores que explican este cambio de actitud del empresariado, que durante los últimos veinte años disfrutaron de la “política de los consensos”, que no ha sido otra cosa que la capitulación de los gobiernos de la Concertación ante el esquema económico implantado por la dictadura. De partida, hay que considerar lo más evidente: el clamor ciudadano, expresado en movilizaciones cada vez más numerosas contra los efectos económicos y sociales del modelo neoliberal. Porque pese a la aparente fragmentación de las demandas sociales -que van desde los estudiantes a trabajadores y habitantes de zonas vulneradas ambientalmente-, todos esos movimientos tienen un hilo conductor que apunta al modelo de mercado.

Esta realidad, esbozada desde hace pocos años, ha continuado su expansión como un creciente movimiento social que ha penetrado el escenario político. Esto queda demostrado en el evidente giro de los discursos electorales, que han recogido -con matices y ambigüedades- las demandas ciudadanas.

Es posible que el empresariado evalúe también lo que observan algunos líderes políticos. En conversaciones privadas, políticos de Nueva Mayoría (ex Concertación) estiman muy probable que las movilizaciones sociales se extiendan e incluso aumenten a partir de marzo de 2014, como medida de presión permanente a un eventual nuevo gobierno de Bachelet.

LA CONCIENCIA CIUDADANA

El país no es el mismo de hace cinco años. No sólo por las manifestaciones callejeras o el aumento de paros y huelgas. Hay otra percepción en la ciudadanía respecto a los beneficios de la economía, que han derivado en una creciente desigualdad en la distribución de la riqueza. Los chilenos han conseguido tener una mirada propia y real del crecimiento económico, pese al discurso oficial sobre pleno empleo, aumento en el consumo y productividad.

La lectura de los trabajadores sobre el devenir y destino de la economía nacional se hace sobre la base de sus propias realidades. Se realiza entre las líneas de los éxitos del modelo. Porque los guarismos del virtual pleno empleo esconden cifras de miedo, con baja productividad y gran precariedad. Hay empleos, pero son malos, sin protección social y con bajos salarios. El pleno empleo está conformado por temporeros, trabajadores de call centers , del retail y otros externalizados. Si por un lado el gobierno y los oficiantes del modelo hablan de un seis por ciento de desempleo, la realidad es que un 40 por ciento de la mano de obra chilena está desempleada, semiempleada o en trabajos precarios (OIT y Cepal). Un 70 por ciento de los nuevos empleos son externalizados y más de la mitad corresponden a jornadas parciales. Esta realidad, llevada al sistema de capitalización individual, está produciendo pensiones de miserias.

Nada de esto es recogido por las encuestas oficiales. El empresariado, junto al gobierno y políticos del binominal sólo levantan como bandera de triunfo el sostenido crecimiento económico, las cifras gruesas del empleo y el acceso al consumo a través del crédito. Pero esta mirada, hegemónica durante más de dos décadas, ha entrado en franco deterioro. Hoy es reemplazada por una visión elaborada por los mismos trabajadores y activistas sociales, que muestra con claridad todas las falencias e injusticias de la construcción neoliberal. La mirada ciudadana es profunda. Tiene la capacidad de hacer una radiografía del modelo, de mirarlo en su globalidad y en sus detalles. Pero tiene también la capacidad de mirarlo en su evolución, desde su génesis en los confines de la dictadura. Si José Piñera habla del sistema de AFP como la fuente creadora de la riqueza y prosperidad empresarial, las organizaciones sociales hoy apuntan a la Constitución de 1980 como la fuente del modelo neoliberal y su fusión con todas y cada una de las actividades económicas.

La nueva mirada de la ciudadanía apunta a la Constitución de la dictadura como el origen de todos los pesares, lo que ha comenzado a generar con fuerza creciente presiones para un cambio constitucional a través de una Asamblea Constituyente. Es una idea planteada con timidez hace pocos años y que ha penetrado hoy en gran parte de la ciudadanía, generando un profundo rechazo a la oligarquía política y económica. Es tal la fuerza de este discurso, que una encuesta realizada por la Universidad Central y publicada el 17 de agosto reveló que un 75 por ciento de los habitantes de Santiago estiman necesaria una reforma de la Constitución, en tanto un 83 por ciento respalda la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Las bajas pensiones son un efecto de la capitalización individual, pero también de un modelo económico que ha colocado al lucro como la piedra angular de la economía y que permite el trabajo precario, informal y tercerizado. Es un modelo diseñado para la concentración de la riqueza entre los grandes dueños del capital, quienes han adquirido durante los últimos treinta años un poder que trasciende el área económica para adentrarse hasta el centro de la institucionalidad política. Este poder ubicuo del capital es el que impidió reformas y hoy considera que un cambio al sistema de AFP es imposible. Así se explica que hasta la fecha no se ha oído a ningún candidato del binominal una propuesta para terminar con el sistema de capitalización individual. Incluso la presidenta de la CUT, la comunista Bárbara Figueroa, dijo en julio que el fin del sistema de AFP no se concretará en un eventual gobierno de Bachelet.

José Piñera habla de la enorme “prosperidad” que ha entregado a Chile el sistema de capitalización individual, un bienestar concentrado en las empresas que han recibido como inversiones el capital acumulado con los fondos de los trabajadores. Esta afirmación contiene una realidad de 150 mil millones de dólares, que apuntalan a las grandes corporaciones chilenas. ¿Qué pasaría si un gobierno confisca esos capitales? Podemos imaginarnos la reacción de la oligarquía. Con sólo plantear la idea, estallan sus amenazas de una quiebra nacional con despidos masivos y caos.

Es probable que no se cumpla esta reforma en el corto plazo, pero esto no significa que el clamor de los trabajadores por el fin del sistema de capitalización individual y su reemplazo por uno de reparto, que otorgue pensiones dignas, se silencie.

Pese a la airada defensa de José Piñera de las AFPs, lo cierto es que se trata de un modelo inútil para su objetivo, que es producir pensiones dignas a los trabajadores. El sistema por las miserables pensiones que entrega, no tiene solución en el corto ni en el largo plazo. Pasar de una pensión promedio de 150 mil a 200 mil pesos no es la solución, como pretende afirmar la propuesta de una AFP estatal. Las demandas de los trabajadores apuntan al recambio del modelo, pese a la defensa de José Piñera como punta de lanza empresarial.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 788, 23 de agosto, 2013

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