[resumen.cl] Un informe del Ministerio del Trabajo reveló que 23 mil empresarios realizaron el trámite para acogerse a la nueva ley de “protección del empleo” lo que los exime de su obligación de pagar los salarios a sus trabajadores, invocando la causal de los efectos producidos por la pandemia Covid-19.
De un total de 5 millones 500 mil trabajadores y trabajadoras, que representan toda la rama de trabajadores dependientes, 350 mil de ellos -por ahora, si es que no se acogen más empresarios- vivirá los próximos 3 meses de su seguro de cesantía.
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La nueva ley promulgada por el Presidente y empresario, Sebastián Piñera, contempla que los trabajadores con contrato fijo vivan el primer mes del 75% de su sueldo, el segundo con un 55%, y el tercero con un 45% de su salario, ello financiado a través de su seguro de cesantía, eximiendo así del pago de salarios a sus empleadores.
En tanto los trabajadores con contrato indefinido pueden prolongar el uso de sus recursos un 4º mes con un 40% de sus sueldos y el 5º un 35%.
La ofensiva contra las trabajadoras y trabajadores disfrazada de protección al empleo
Entre las empresas que se han acogido a la nueva ley, se encuentran grandes tiendas del retail como París y Ripley, empresas que además de ser reconocidas por sus pingues utilidades, también se les conoce por pagar bajos salarios que sus dependientes complementan con bonos y metas, lo que no existirá durante este periodo.
Cabe recordar que, según datos del Ministerio del Trabajo, el 25% de los trabajadores y trabajadoras asalariadas chilenas tiene este tipo de sueldos variables. El dato rescatado por La Tercera señala que “1,4 millones de personas tienen ingresos en base a comisiones por venta, bonos por productividad, bonos de otro tipo, pago de horas extraordinarias u otros ingresos variables.”
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Ayer el Ejecutivo ingresó a la Cámara Alta y que pretende suspender, mientras dure la crisis sanitaria, las negociaciones colectivas de trabajadores sindicalizados y grupos negociadores con sus empresas. Ello pese a que el mundo laboral debe seguir concurriendo a sus puestos de trabajo.
Las iniciativas proempresariales del gobierno se han visto reflejadas en las últimas medidas impulsadas por la cartera de trabajo, entre las que se encuentra el polémico dictamen de la Dirección del Trabajo que permitió el despido sin indemnización de miles de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, al permitir que se invocara la causal de la pandemia como fuerza mayor o caso fortuito.