La amenaza que pesa contra los humedales del Gran Concepción continúan latentes y han alcanzado incluso a las comunidades que se posicionan desde su conservación. Este es el caso del humedal Vasco de Gama (Chimalfe) en Hualpén, el que peligra tanto por la acción inmobiliario, como por el vertedero ilegal que desde 2015 se instaló en una toma de terreno. Tras denunciar el hecho, una vecina y defensora de este cuerpo de agua ha sufrido una serie de amenazas que ya son materia de investigación en Fiscalía.

Por Juan Contreras Jara

El humedal Vasco de Gama permanece, hace años, en constante amenaza, ya sea por la actividad inmobiliaria de empresas como Valmar que lo ha rellenado, como también por la acción de quienes han transformado parte del cuerpo de agua en un vertedero clandestino.

Contra estos atentados hacia el humedal lleva batallando 10 años la pobladora Luisa Valenzuela, quien ha sido reiteradamente amenazada por quienes han llegado a ocupar los terrenos y han lucrado a través de un acopio de basura. Cabe dejar en claro que lo anterior no ocurriría de existir una efectiva regulación por parte de las instituciones ambientales y de salud en la provincia, que no han clausurado el vertedero ilegal.

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El abogado de la ONG Defensa Ambienta, Fernando Cortés Mancilla, apuntó a la falta de regulación de las actividades que se pueden o no realizar en los humedales, poniendo énfasis en, "la necesidad de una declaratoria (de humedal urbano) para establecer una zonificación y un plan de manejo adecuado para el mismo, cuál sería el sistema de gobernanza, el polígono, etc. Ahí, lo ideal sería la participación para que todas las visiones puedan ser expuestas. Sin estos instrumentos de regulación, siempre vamos a tener una defensa reactiva, denunciando en lugar de tener instrumentos preventivos. Mientras no existan, nos vamos a ver siempre involucrados en casos como el de Luisa Valenzuela, que ha sido amenazada constantemente".

Las amenazas por defender el humedal Vasco de Gama de un vertedero ilegal

Este lunes se viralizó en redes sociales el mensaje de solidaridad de las organizaciones socioambientales de Hualpén para con la vecina Luisa Valenzuela, quien lleva años en la defensa de los humedales en esta comuna y que debió, en los últimos días, realizar una denuncia en por las constantes amenazas que ha recibido en su contra. 

Durante esta semana vivió el último episodio de amenazas en su domicilio, situación que la obligó a dejar una constancia en Carabineros, lo que en la práctica sabemos, no representa ninguna garantía para una mujer en este país.

Desde 2015, que en parte del humedal Vasco de Gama (Chimalfe), se instaló un pseudo vertedero que funciona al margen de toda normativa ambiental y que con los años, ha ido rellenado el cuerpo de agua por medio del acopio de basura que mantienen en el lugar. 

Fernando Cortes explicó que las amenazas contra la pobladora provendrían de, "una persona que reside dentro del humedal, en una toma, desconocemos su nombre, que amenazó a Luisa. La encaró, no se calmó, siguió amenazándola, la insultó y le dijo que sabia donde ella vivia". 

Fue tras las amenazas que concurrieron hasta Carabineros para denunciar a esta persona, por el delito de amenazas, contenido en el art. 296 y que castiga al "que amenazare seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito". Las sanciones por este ilícito van desde, "presidio menor en sus grados medio a máximo, si hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo ilegítimamente cualquiera otra condición y el culpable hubiere conseguido su propósito. Con presidio menor en sus grados mínimo a medio, si hecha la amenaza bajo condición el culpable no hubiere conseguido su propósito. Con presidio menor en su grado mínimo, si la amenaza no fuere condicional; a no ser que merezca mayor pena el hecho consumado, caso en el cual se impondrá ésta".

Las amenazas contra la pobladora hualpenina ya son materia de investigación por parte de Fiscalía, aseguró el abogado de ONG Defensa Ambiental, acotando que, "esta acción tiene por objeto, primero, que se investiguen los hechos relatados y luego, vean si esxiste fundamento suficiente para formalizar". De iniciarse una investigación, esta podría darse, "en un plazo máximo de 2 años, pero generalmente los plazos son más acotados y los solicita el fiscal. Luisa ha sido amenazada indirecta o directamente varias veces y esta es la primera vez que hizo la denuncia, por lo que es una acción legal que requiere una investigación", declaró Cortes. 

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