Mi nombre es Javier Sagredo Bustamante, ex tornero mecánico, pensionado por invalidez. Tengo 73 años y soy representante de la Cooperativa de Viviendas y Servicios Habitacionales Los Canelos de San Pedro de la Paz, la cual se formó el año 1967 con 39 socios, muchos de ellos ya fallecidos.

Escribo esta carta como un grito desesperado de mi parte y de todos los abuelos que represento, los que fueron abusados inescrupulosamente por un banco privado que les arrebató el bien más preciado, como lo es su vivienda.

En 1969 la cooperativa adquirió terrenos a la Orden Ermitaños de San Agustín para construir 39 viviendas para sus asociados, todos trabajadores. Lo anterior se logró gracias a dos mutuos hipotecarios concedidos a la cooperativa por la Asociación de Ahorro y Préstamo Andalién, que luego pasaría a denominarse ANAP, hoy extinguida, siendo su sucesor legal el Fisco de Chile, representado por el Ministerio de Bienes Nacionales.

En representación de la Cooperativa escribo para denunciar que desde el año 1990 el Banco del Desarrollo ha acosado constantemente a los socios con el objeto de obtener de ellos el pago del saldo de los créditos antes mencionados. Como cooperativa hemos defendido en todas las instancias pertinentes que el cobro de tales deudas no corresponde.

Respaldamos nuestro argumento en que en noviembre de 1997 recibimos un certificado del Seremi de Bienes Nacionales de la Región del Biobío, firmado por Rubén Muñoz Vera donde se acredita que la Cooperativa “no se encuentra registrada como deudora de la ex ANAP” y no tiene deudas pendientes con entidades financieras ni bancarias.

Como la asociación que entregó los créditos se extinguió legalmente, en 1995 se solicitó el alzamiento de la hipoteca de nuestras casas, la que fue dictada por el Juzgado Civil de Coronel, con fecha 17 de julio de 1995, la que le permitió a la Cooperativa otorgar sus títulos de dominio a sus asociados en el mes de septiembre de 1996.

En la escritura en la que es entregada la propiedad, se establece que el precio de la adjudicación, $2.700.000, se encuentra íntegramente pagado. Al costado de la inscripción, además, se establece que las obligaciones de la Cooperativa Los Canelos con la asociación Nacional de Ahorro y Préstamo (ANAP), quien otorgó el crédito hipotecario, se encuentran extinguidas.

La Seremi de la Región Metropolitana, por su parte, ratificó que se da por cancelada la deuda hipotecaria de la cooperativa con la asociación Andalién, según Decreto enviado por el Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana en 2002. De esta manera, se certifica que las casas no tienen deudas. Así también lo ratifica la carta enviada dese el Ministerio de Bienes Nacionales en abril de 2012.

Sin embargo lo anterior, el Banco del Desarrollo dice ser nuestro acreedor hipotecario de un supuesto saldo deudor de los mutuos mencionados, basado en que en 1989 la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo le cedió su cartera hipotecaria en una licitación que efectuó.De la noche a la mañana nos aparece como cobrador el Banco del Desarrollo, a pesar de que siempre cancelamos nuestros dividendos a la ANAP. A pesar de no tener compromisos con el banco ni haber firmado ningún documento con ellos ni haber cambiado el contrato, la cooperativa alcanzó a pagar, por error y de buena fe, algunos dividendos al nuevo acreedor. Además, dos de nuestros socios se vieron obligados, por razones personales, a reconocer la deuda y pagar el saldo deudor que sin argumentos les informó el banco.

En 1994 iniciamos un juicio con el banco, cuya sentencia ordenó cancelar, anular y dejar sin efecto la anotación que le endosó el saldo que supuestamente la cooperativa no le pagó a la ANAP. Por esta razón, el Banco del Desarrollo carece de un justo título para cobrar dividendo alguno a la cooperativa. En consecuencia, se suspendieron los pagos de dividendos al Banco del Desarrollo.

A pesar de este dictamen, el Banco del Desarrollo interpuso en contra de la Cooperativa Los Canelos y 26 de sus socios un juicio ejecutivo especial de acción hipotecaria en el Tercer Juzgado Civil de Concepción en 2001. Este juicio el banco lo ganó en sus tres instancias, lo que a nuestro parecer fue el resultado del descuido de la defensa. A raíz de este resultado, el banco solicitó al tribunal el embargo de las casas de nuestros vecinos Héctor Gaete Torres, Hernán Toledo Campos, Emeterio Manríquez Maldonado y José Concha Barra, propiedades que fueron adjudicadas al Banco del Desarrollo por Rosa MacKay, jueza titular del tercer Juzgado Civil de Concepción, en la suma de $30.702.646.

No sabemos cuál fue la razón para que esas cuatro casas hayan sido las rematadas. Según información entregada por el banco, la supuesta deuda total estaría pagada con estas cuatro casas rematadas, pero no tenemos ninguna garantía que eso sea así.

A pesar de que es el Estado garantizó que los alzamientos estaban hechos correctamente, según los oficios que nos enviaron, ningún organismo, ni el Consejo de Defensa del Estado, se ha hecho parte de nuestra situación, a pesar de haber enviado cartas al Ministerio de Hacienda, al ex ministro Jaime Ravinet, a la ex Presidenta Michelle Bachelet y al Presidente Sebastián Piñera.

Estamos preocupados: si ayer fueron cuatro casas, próximamente podemos ser nosotros. Según ellos, se dan por cancelados, pero no podemos estar tranquilos.

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