Documento del Ejército da cuenta de un ejercicio de revisionismo histórico con el que busca hacer frente a la crisis interna y a las transformaciones de las Fuerzas Armadas que se espera, y temen, introduzca la nueva Constitución.
Por Gloria Elgueta Pinto*
En medio de su apresurada renuncia al cargo de comandante en jefe del Ejército debido a su inminente procesamiento en la causa que lleva la ministra Romy Rutherford, el general Ricardo Martínez dio a conocer el documento “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”. El texto es presentado como una nueva narrativa militar “centrada en la ética”, por lo que resulta paradojal que su vocero sea un comandante renunciado y acusado de fraude. En 120 páginas los militares realizan un largo recuento histórico desde el siglo XIX hasta el presente, seguido de un conjunto de “reflexiones, conclusiones, lecciones y sugerencias” sobre diversos ámbitos, algunos propios del ámbito militar y otros relativos al Estado en general.
Revisa:Ricardo Martínez renuncia a su cargo de comandante en jefe el día anterior a declarar como procesado en el caso "Fraude en el Ejército"Una institución deliberante
El documento fue elaborado por el alto mando de la institución e incorporado a su planificación como un objetivo estratégico para el período 2019-2022. Esto significa que durante cuatro años un cuerpo armado deliberó en torno a la historia nacional, la política, las relaciones con las autoridades civiles, las responsabilidades y sobre una serie de definiciones en materia de defensa. A modo de ejemplo, una de estas últimas refiere a “la importancia de homologar procesos y métodos de planificación y conducción con la OTAN (…) y elaborar un nuevo enfoque doctrinario y modernizar el 'Sistema de Instrucción y Entrenamiento del Ejército'”. Esto es señalado como parte de un proceso que comenzó en 2018, en un texto pensado para ser transmitido “como una opinión institucional para conocimiento de las autoridades y de todos los chilenos”.
Esta no es la primera vez que las Fuerzas Armadas asumen esta función, ignorando que en una democracia su misión no incluye la producción y difusión de opiniones, y que las definiciones en materia de defensa y seguridad obedecen a decisiones políticas que competen al conjunto de la sociedad y a las autoridades civiles. Pero, como sabemos, en Chile vivimos en una democracia restringida y de baja intensidad. Por eso y por la actual Constitución que consagra esas atribuciones, el Ejército actúa con total autonomía, bien tolerada, por lo demás, por las autoridades civiles, incluso en medio de la grave crisis que enfrenta hoy la institución.
Así, a pesar de su importancia, el documento ha pasado más bien inadvertido. O deliberadamente ignorado. De cualquier forma es significativo el silencio y la economía de palabras con que ha sido recepcionado. De hecho, las actuales autoridades no asistieron al acto ni se pronunciaron, y el presidente electo, Gabriel Boric, sólo lo hizo a través de Twitter calificando el documento como “un paso histórico para avanzar en verdad”. Más cautelosa en su apreciación y sin adjetivar, la futura ministra de Defensa, Maya Fernández, relevó la necesidad del reconocimiento señalando que “las heridas de la dictadura no cerrarán sin verdad, justicia y reparación”. Sobre las prácticas deliberantes del alto mando y su visión del “Ejército del siglo XXI” no hubo pronunciamiento alguno.
¿Cuál es la verdad que reconoce el Ejército?
La principal línea argumental del texto apunta a la existencia histórica de “una idea colectiva de una cierta responsabilidad (…), concebida como forma de unrol latente del Ejército”, rol reforzado desde el siglo XIX en adelante a través de su involucramiento en diversos conflictos sociales y políticos. Muchas veces “arrastrados” o por “mandato de las autoridades políticas”.
Según explican, durante la primera mitad del siglo XX, “ocurrieron graves enfrentamientos con numerosas víctimas”. Valga el eufemismo para referirse a masacres como las de San Gregorio, La Coruña, el asalto al cuartel del Regimiento Esmeralda, Ranquil, Iquique, Puerto Natales y Magallanes, que el Ejército protagonizó. Luego, en los años setenta, algunos de sus miembros integraron el gobierno de la Unidad Popular, la institución participó del “golpe de Estado” (en nota al pie, precisan que hay quienes se refieren a este como “pronunciamiento militar”), e integró lo que definen como “gobierno cívico militar” aludiendo a la dictadura.
A continuación, y por primera vez, hacen un reconocimiento institucional y público de la intervención de miembros del Ejército en los asesinatos del comandante en jefe, general René Schneider, en 1970, y del general Carlos Prats, también ex comandante en jefe de la institución, y su esposa Sofía Cuthbert, en 1974. Para ambos casos afirman la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana. A estos crímenes agregan los perpetrados por la “Caravana de la muerte” en 1973, y los homicidios del presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Tucapel Jiménez, en 1982 (aunque omiten el del carpintero Juan Alegría, a quien se asesinó para presentarlo como responsable de la muerte de Jiménez), y del químico de la DINA, Eugenio Berríos, en 1992.
¿Qué omite el Ejército?
Hasta aquí, el aporte a la verdad resulta bastante limitado para calificarlo como un “paso histórico”. Sobre todo, porque refiere a un número muy reducido de crímenes, respecto de los acreditados por las comisiones de verdad y los tribunales, y a hechos ya establecidos judicialmente, sobre los cuales tampoco agregan nuevos antecedentes.
Pero una grave ausencia es la omisión de los más de mil casos de personas detenidas que aún permanecen desaparecidas. Delitos que forman parte de un patrón de macrocriminalidad, y sobre los cuales hay apenas tres menciones secundarias en todo el documento. En un intento por minimizar su participación en ellos, se omiten los 548 casos de desaparición forzada durante 1973, reconocidos por el Estado y atribuidos principalmente al Ejército y a Carabineros. Diversas investigaciones judiciales han establecido el uso de unidades militares con este fin, entre muchas otras, el Recinto Militar del Cerro Chena, y los regimientos “Tacna”, “Buin”, y “Tejas Verdes”. En el Fuerte Arteaga de Peldehue se encontraron los restos de 12 personas, y su base aérea, a cargo del Comando de Aviación del Ejército, y el aeródromo Tobalaba fueron utilizados, en coordinación con la DINA, para los vuelos de la muerte y el lanzamiento al mar de personas detenidas entre los años 1974 a 1977, y también en 1987. Asimismo, fueron unidades del Ejército de todo el país las que en 1978 implementaron lo que se conoció, en la macabra jerga militar, como “Operación retiro de televisores”, consistente en la remoción y destrucción de restos de detenidos que habían sido enterrados en los años anteriores.
Se argumenta en el documento que la DINA, responsable de la desaparición forzada de más de 500 personas entre 1974 y 1977, era un organismo “extra institucional”, a pesar de haber sido creado por el propio comandante en jefe del Ejército de la época, y luego formado, integrado y dirigido, principalmente, por miembros de la misma institución que luego hicieron carrera en ella.
El texto cierra afirmando que la institución “comprometió su apoyo al poder judicial en los casos que aún se investigan (…) habiendo entregado a la fecha toda la información de la que dispone”. Así, dan por finalizado el “apoyo” buscando clausurar, una vez más, las investigaciones que hoy se realizan a través de más de 1.500 causas. Pero como ya con anterioridad los militares han negado poseer información que posteriormente se ha demostrado que tenían, lo anterior no resulta creíble. Menos aún si el propio documento da cuenta de la destrucción ilegal de archivos en el año 2000, cuya existencia había sido desmentida en numerosas ocasiones.
Pero este nuevo intento de clausura se da en un escenario distinto a los anteriores. La revuelta de octubre de 2019 abrió un nuevo ciclo de movilizaciones sociales y políticas que, entre otras demandas, recoge la exigencia de verdad y justicia. Por su parte, la Convención Constitucional deberá eliminar de la Constitución las atribuciones entregadas a las fuerzas armadas haciendo efectiva su subordinación al poder civil. También, se espera que apruebe las normas propuestas sobre tortura y desaparición forzada que buscan remover algunos de los obstáculos que enfrenta la acción de la justicia. Así, contrariamente a las expectativas de los perpetradores y sus encubridores, este seguirá siendo un tema abierto y una exigencia permanente.
*Licenciada en filosofía
