Este miércoles recién pasado Viñeteros se manifestaron en la Plaza de la Independencia de Concepción por bajos precios que las empresas productoras de vino les pagan por sus kilos de uvas.

Los más de 300 protestantes repartieron una tonelada de uva para manifestar su descontento, pues señalaban que al precio que las estaban vendiendo mejor las regalaban.

Víctor Rabanal, Presidente de la Asociación de los Viñeteros del Valle del Itata, señaló que con los $40 que los productores pagan por kilo de uva, ellos no alcanzan a costear los costos de la producción. Los viñeteros consideran que el mínimo que se les debe pagar por kilo de uva es $80.

Los productores agregaron que el Gobierno de Chile es el encargado de intervenir por ellos y garantizar un precio mínimo por kilo de uva.

Al finalizar esta protesta, los pequeños productores se reunieron con Eric Aedo, Gobernador provincial, fijándose una mesa del vino a realizarse la próxima semana con la Ministra de Agricultura. Además se les anunció que el INDAP les pagaría un bono de 170 mil pesos a 1.177 viñeteros.

Andes Wines, empresa de publicidad de vinos dio consejos a cerca de que la uva debería pagarse en función de un cálculo que expresara el porcentaje del precio del vino que corresponde a la uva. No se sabe acerca de quién y cómo podría hacerse ese estudio.

Un sistema que ampara el Gobierno y que lo pagamos todos

Esta situación que hoy viven los viñeteros del Valle del Itata es la misma situación que afecta a los pescadores artesanales, a los que las empresas que compran el producto de su trabajo tienen el poder de definir los precios. Los pescadores denunciaron esta situación hace una semana y el Gobierno dijo que era un problema entre privados. Sin embargo, por el empobrecimiento que han sufrido y gracias a sus movilizaciones el Estado tendrá que otorgarles recursos de asistencia.

Con los viñateros pasa algo similar, condenados por un sistema en que las empresas tienen todo el poder para definir a cuanto le compran su uva, el Estado, a través del INDAP les otorgará 170 mil pesos.

Esta política de permitir que las empresas hagan lo que su ambición diga y de decir que la relación entre estas y los trabajadores es de igual a igual o “entre privados”, la paga toda la comunidad, incluido los directamente afectados, ya que el dinero asistencial sale de los bolsillos que a diario todos pagamos en impuestos.

Foto: la tercera