En paralelo a la revuelta social y el proceso constituyente, el gobierno de Chile está negociando la modernización del pilar comercial del Acuerdo de Asociación que mantiene con la Unión Europea desde 2003. Este proceso no ha recibido la suficiente atención en el debate público pese al gran impacto que tendría en la vida de quienes habitan Chile y en la posibilidad de consagrar las demandas, enarboladas con más fuerza desde el 18 de octubre, en una nueva Constitución.
Desde este martes se encuentra en Chile una delegación del Parlamento Europeo integrada para negociar la modernización del acuerdo comercial y se reunirá con organizaciones de la sociedad civil, partidos e incluso con la mesa directiva de la Convención Constitucional.
Por Loreto Contreras, María Cariola y Sophia Boddenberg
Millones de personas protestan en las calles de todo Chile, es viernes 25 de octubre de 2019, en la jornada de manifestación más grande desde el retorno a la democracia, una semana después desde el inicio revuelta social y cuatro días desde que el presidente Sebastián Piñera declaró estar “en guerra contra un enemigo poderoso”.
“El neoliberalismo nace y muere en Chile” se lee en uno de los carteles, “Tu constitución me saquea” y “Asamblea Constituyente Popular y Soberana” son algunas de las consignas tras 30 años de políticas neoliberales.
El Gobierno reaccionó con una brutal represión a la Revuelta. Solamente en las primeras dos semanas fallecieron 20 personas en el contexto de las protestas y el Instituto Nacional de Derecho Humanos registró más de 1.500 heridos por agentes del Estado en los hospitales y más de 150 personas con heridas oculares hasta el 1 de noviembre de 2019. Uno de ellos es Gustavo Gatica (23), estudiante que salió a manifestarse el 8 de noviembre cuando el entonces oficial de las Fuerzas Especiales de Carabineros, Claudio Crespo, le disparó en ambos ojos, dejándolo ciego de forma permanente. Un video publicado por Amnistía Internacional muestra después que Crespo disparó 170 cartuchos de 12 balines cada uno ese día.
El 15 de noviembre Abel Acuña (29), tras desfallecer en medio de una desmedida represión policial, muere en la ex Posta Central pese a que voluntarios del Servicio de Atención Médica de Urgencia llegó hasta la Plaza Italia para brindarle auxilio. El personal médico también fue reprimido por Carabineros, incluso mientras una funcionaria reanimaba a Acuña recibió impactos de perdigón y el ataque del carro lanza aguas, que se sumaban al ambiente irrespirable debido a los gases lacrimógenos.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró días después: “La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo”.
Mientras las noticias sobre Chile y las violaciones a los derechos humanos daban vuelta al mundo y diputados de oposición preparaban una acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera; la segunda presentada contra un presidente en ejercicio tras el juicio político a Carlos Ibáñez del Campo en 1956. La semana del 25 de noviembre de 2019, diez días después del fallecimiento de Abel Acuña, se realiza en Santiago la VI ronda de negociación del proceso de modernización del Acuerdo de Asociación.
Pese a que a fines de octubre de ese año, 45 eurodiputados de tres grupos parlamentarios suscribieron una carta enviada por Miguel Urbán, del partido español Podemos, a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, denunciando “la militarización del país y la represión de las movilizaciones” y exigiendo “que la Unión Europea haga valer la cláusula de democracia del Acuerdo de Asociación que mantiene la Unión con Chile, donde se establece el respeto de los derechos humanos fundamentales, el desarrollo económico y social sostenible; y compromete además a las partes con la buena gobernanza”.
A causa de la falta de votos en la cámara baja se consideró que la acusación constitucional contra Piñera no cumplía con los requisitos señalados en la Constitución Política, y por su parte, la Unión Europea decidió continuar las negociaciones en vez de exigir la protección de los derechos humanos.
El Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea fue ratificado en 2002 y entró en vigencia al año siguiente. El acuerdo marcó un hito para la Unión Europea, siendo el primer tratado de ‘tercera generación’ firmado que serviría en adelante de modelo para otras negociaciones del bloque. El acuerdo consiste en un pilar político, un pilar de cooperación y un pilar comercial. Desde noviembre de 2017, se está negociando la modernización de este último, y la octava ronda de negociación se realizó de manera virtual en septiembre de 2020. Por el lado chileno, las negociaciones están encabezadas por Felipe Lopeandía, director general de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales; por el lado de la Unión Europea, Matthias Jorgensen, jefe de la Unidad América Latina de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea quien no aceptó ser entrevistado para esta investigación.
La modernización del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Chile se inserta en la agenda comercial de la Comisión Europea, llamada Trade for All (Comercio para Todos) que se formuló en el marco de las críticas ciudadanas a las negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, y que busca profundizar la liberalización del comercio multilateral e introducir una corte de inversiones, añadiendo la utilización de un lenguaje de comercio inclusivo y acorde al respeto de los derechos humanos. En definitiva, es sobre tratados comerciales que exceden el intercambio de bienes y que establecen marcos jurídicos supranacionales con profundas consecuencias en la política doméstica de todos los países involucrados.
Con 29 tratados vigentes, Chile es uno de los países con más acuerdos de libre comercio del mundo. El subsecretario de relaciones económicas internacionales, Rodrigo Yáñez, afirmó en el conversatorio “Chile-EU Post Pandemia: ¿Lazos políticos o comerciales?” transmitido por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile: “La nueva constitución, de existir, va a respetar los acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes y, por lo tanto, eso es algo que está fuera de discusión y por eso es tan importante esa norma. Cuando uno va a explicar el proceso fuera de Chile tiene que decir que el país va a permanecer en el fondo con una política de apertura comercial y de bienvenida a la inversión extranjera”.
Tomás Hirsch, quien fue uno de los diez diputados que presentaron la acusación constitucional contra Piñera, además de ser uno de los congresistas de oposición que no firmó el “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución”, votó en contra la “Reforma de la Constitución y del Procedimiento para Elaborar una Nueva Constitución de la República”, una de las razones fue el Artículo 135 de dicho proyecto que dispone que “el texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, lo que significa que la nueva Constitución tendría que respetar todos los tratados de libre comercio firmados.
Consultado al respecto, Hirsch afirma que “Cuando se dice que no se pueden tocar los acuerdos y los tratados internacionales, lo hacen aparecer como una cuestión de sentido común. Sin embargo, es tremendamente grave porque por el tipo de política económica y de relaciones internacionales que ha tenido Chile y los tratados que ha firmado, son una parte esencial del modelo económico que se aplica en nuestro país. Están en el corazón mismo“. El diputado considera que el Artículo 135 “es una verdadera trampa respecto de lo que es una decisión colectiva de la sociedad chilena” porque “vamos a quedar amarrados de manos”.
La relación comercial con Europa
Las protestas se expandieron en todo Chile y una de las demandas que resuena fuerte en Petorca, es la de la desprivatización de las aguas. Ya el 11 de octubre, un grupo de ciudadanos cortaron la ruta E-35 en protesta por la falta de agua, y durante las protestas durante el toque de queda, se lee en carteles “¡No es sequía, es saqueo!”. La crisis hídrica en esta región llevó a principios de septiembre de 2019, un mes antes del Estallido Social, a estremecer a la opinión pública a causa del suicidio de un criancero en Chincolco, localidad ubicada en la comuna anteriormente señalada; debido a la escasez hídrica que les obligó a decidir si dejar morir a sus animales o trasladarlos a otras regiones más australes para alimentarlas asumiendo el elevado costo de ello.
Chile es uno de los países especialmente vulnerables al cambio climático por sus características ecosistémicas, a lo que se suma la sequía histórica que atraviesa el país hace 60 años y que está presente en distintos territorios. En 2020, 136 comunas de Chile han sido declaradas bajo sequía y seis regiones del norte y centro del país se encuentran bajo decreto de Emergencia Agrícola y Escasez Hídrica. A 2018, el 76% de la superficie estaba afectada por sequía, desertificación y suelo degradado, y 110 acuíferos tenían una demanda comprometida superior a su recarga.
En el marco de las protestas, las demandas ambientales son uno de los principales ejes reivindicatorios en Chile. La desprivatización de las aguas es un punto crítico debido a que su derecho de propiedad está resguardado constitucionalmente, lo que ha permitido que sea un bien transable, cuyo precio se regula por la oferta y la demanda; y se encuentra concentrado por pocas empresas. Según un estudio, el 1% de los 29.001 titulares que poseen derecho de aguas consuntivos concentraría el 79,02% del volumen total disponible en el país, que a su vez representa solo el 4,3% de los derechos de propiedad hídrica existentes.
Petorca es el centro de los monocultivos de paltos con fines de exportación y la demanda de este fruto por parte de la Unión Europea está creciendo, en 2019 se llegó a exportar 700.000 toneladas de paltas. Como muchos otros productos que se exportan a Europa, el cultivo de paltas consume grandes cantidades de agua. Pero en la propuesta de modernización del Acuerdo de Asociación, pese a que existen iniciativas de protección al medio ambiente, éstas no son vinculantes. El capítulo de comercio y desarrollo sostenible para la modernización no establece ningún mecanismo para sancionar a empresas que contaminan el medio ambiente o afecten la biodiversidad. Tampoco en el capítulo sobre solución de controversias se incluyen los daños ambientales, sino que solamente se propone un panel de expertos que puede dar recomendaciones.
Petorca es uno de los muchos territorios donde el intercambio comercial con la Unión Europea es fuente de preocupación para las comunidades locales. Al igual que la demanda de paltas, la demanda de litio también está creciendo en Europa. En el marco del cambio climático el bloque comunitario ha apostado a la transición hacia un modelo bajo en emisiones de carbono, donde la electromovilidad es una de las herramientas con que se piensa reducir los gases de efecto invernadero y descontaminar las ciudades. El litio es uno de los metales con mayor crecimiento en su demanda debido a su uso en la fabricación de baterías recargables de ion de litio, un componente indispensable en la fabricación de vehículos eléctricos.
Chile es el principal proveedor de este metal en la Unión Europea y el Acuerdo de Asociación vigente establece un arancel cero para el comercio de productos de litio, por lo tanto, no hay margen para una mayor liberalización en un acuerdo modernizado. Sin embargo, según el estudio de impactos concesionado por la Comisión Europea, el estatus de “material estratégico” que tiene el litio legalmente en Chile, y que significa que su extracción no es concesionable para empresas extranjeras, puede entrar en conflicto con el capítulo de protección de la inversión extranjera propuesto por la Unión Europea.
La explotación de litio genera tensión en las comunidades pertenecientes al pueblo-nación Lickanantay por los efectos ambientales que ésta genera. Jorge Álvarez Sandon, integrante de la Comunidad Atacameña de Coyo en San Pedro de Atacama, reflexiona: “Nos vinieron a decir que la solución [al cambio climático] eran estos autos eléctricos, la salvación del mundo y todo, pero en realidad no es la salvación. La salvación es la conciencia de cada ser humano, que sepa respetar este territorio como lo respetamos nosotros. Si todos tomáramos conciencia de respeto hacia la tierra, no tendríamos que decir que los autos eléctricos van a salvar el planeta”.
Los principales impactos ambientales de la extracción de litio no se diferencian de la extracción de otros minerales como es el consumo y contaminación de agua, impactos en el paisaje, introducción de caminos de exploración en ecosistemas sensibles, instalación de infraestructura, impacto en la flora y fauna, generación de residuos sólidos y químicos, entre otros. La investigadora y doctora en Estudios Latinoamericanos, Bárbara Jerez, afirma: “No hay que solo hablar de litio, hay que hablar de salares. No basta con discutir quién se queda con el litio, sino que hay que evidenciar los impactos socioambientales que genera un mineral que se aprecia como elemento fundamental para la reconversión tecnológica verde. Pero esta modificación tiene un lado oscuro, colonial, que significa repetir el mismo extractivismo de siempre, que actúa contra los habitantes locales con el fin de satisfacer una matriz energética carbono cero de las sociedades industriales que no ven lo que está sucediendo acá”.
Pero no sólo el pueblo atacameño y los salares sufrirían la profundización de los impactos por la demanda europea de energía y materias primas. Dentro de la distribución de las exportaciones a Europa, los productos provenientes del sector forestal representan un 9% del total. La propuesta de la Unión Europea para la modernización del Acuerdo de Asociación destaca la importancia del manejo forestal sostenible y el papel del comercio en la consecución de este objetivo, y alienta a la conservación y la gestión sostenible de los bosques y el comercio. Pero no se establece medidas vinculantes para su implementación, fiscalización ni mitigación de las prácticas ya existentes.
Desde el 2000 Chile pierde en promedio 30.000 hectáreas de bosque nativo cada año y casi un tercio de esa pérdida de bosques se produce solo en la región de la Araucanía. Por su parte, las plantaciones de monocultivos forestales, principalmente de pino y eucalipto, alcanzan una superficie aproximada de 3,08 millones de hectáreas, que alteran el balance hídrico de los territorios, los someten a alto riesgos de incendios, los químicos utilizados contaminan los suelos y generan enfermedades a la población local.
La expansión de las plantaciones forestales podría agudizar el histórico conflicto que mantiene el Estado chileno con el pueblo-nación Mapuche por la posesión y uso de las tierras, ya que los monocultivos son emplazados principalmente en territorio indígena. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo suscrito por Chile en 2008, y que el capítulo de comercio y sostenibilidad insta a cumplir; establece la consulta obligatoria a los pueblos originarios para medidas que les afecten, sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado consulta ni se han reunido con autoridades tradicionales mapuche reconocidas por las comunidades.
Juana Calfunao, lonco de la comunidad Juan Paillalef en la comuna de Cunco, indica que existe una asimetría de trato. Consultada sobre el fomento a las plantaciones, la autoridad tradicional es clara: ”Manipulan el lenguaje ya que las plantaciones no son bosques, no existe la biodiversidad que hay en ellos, éstas erosionan la tierra y secan las napas subterráneas, ríos, lagos y vertientes, las miles de hectáreas de monocultivos afectan en su totalidad a la biodiversidad de nuestro territorio y también a la medicina mapuche”.
La lonco también critica la falta de participación en el proceso, señalando que “Respecto a la modernización del acuerdo entre Chile y la Unión Europea en el territorio mapuche a ninguna autoridad ancestral se le ha consultado de manera formal. Las consecuencias son catastróficas. Se genera un despojo total culturalmente y la muerte de la biodiversidad la que conlleva que exista un exterminio del pueblo mapuche.”
Al ser consultado respecto de la invitación de los pueblos originarios a las reuniones informativas de “Cuarto Adjunto”, Felipe Lopeandía, el jefe negociador de Chile, responde en la entrevista realizada el 24 de septiembre de 2020: “Nosotros tratamos de que sea lo más inclusivo posible, lo más abierto, pero efectivamente ellos [representantes del pueblo mapuche] no han concurrido… Probablemente ellos desconfían un poco de la instancia, no les parece interesante y por lo tanto ahí quizás nosotros tenemos que tomar un poquito más la iniciativa al respecto”.
UPOV-91: La privatización de las semillas en el acuerdo
Alicia Muñoz Toledo, dirigenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) manifiesta la preocupación de que no existan políticas públicas para fomentar la agricultura para la alimentación de la población local y que el foco esté puesto en la exportación; por ejemplo, durante la pandemia no llegaron algunos alimentos de importación pese a que Chile tiene las condiciones para producir alimentos como trigo y legumbres. Al respecto Muñoz señala: “esa dependencia económica realmente nos tiene a hombres y mujeres del campo con una gran incertidumbre y preocupación, porque no ha habido políticas claras para el desarrollo de una agricultura de alimentación, sino que hay una gran agricultura que tiene que ver con la agroexportación”.
En el capítulo de propiedad intelectual, se establece que las partes protegerán los derechos de los obtentores vegetales de conformidad con la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) según su última versión revisada en marzo de 1991. La UPOV es una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, que protege los intereses de los fitomejoradores al considerarlos como ‘creadores’ de las variedades vegetales.
Desde la UPOV consideran que las obtenciones vegetales son un medio importante para afrontar los retos que plantean el crecimiento demográfico, el aumento de la población urbana, el cambio climático, la consecuente demanda de producción de alimentos y energía, y la constante evolución de las necesidades humanas. Sin embargo, desde las organizaciones campesinas, persiste una fuerte crítica y resistencia debido a que las empresas han desplegado una serie de estrategias para lograr el control de la producción alimentaria en nombre de la Seguridad Alimentaria. A través de monocultivos de gran escala, el uso de semillas transgénicas, y de plaguicidas buscan volver más eficiente la producción alimentaria, que es el sistema propio de la agricultura de exportación y del agronegocio en América Latina y otros lugares del mundo.
Por los compromisos adquiridos en los tratados de libre comercio, Chile debería haber ratificado ya la UPOV-91, pero no lo ha hecho debido a la resistencia que se ha dado de parte de las organizaciones sociales. Otra preocupación que tiene Alicia Muñoz es que si el UPOV-91 se implementa, como se quiere en las propuestas para la modernización, se criminalizará la práctica campesina de custodia e intercambio de las semillas tradicionales, así como la pérdida de la libertad para decidir y producir, además del encarecimiento de la producción al tener que comprar las semillas a las grandes empresas que dominan este mercado y sus productos asociados. Otra consecuencia es la pérdida de la biodiversidad por los impactos contaminantes de este tipo de agricultura a gran escala, que favorece el aumento de las plagas y las enfermedades de los monocultivos.
Las empresas europeas tienen una fuerte concentración en el mercado mundial: Monsanto-Bayer, transnacional alemana concentra el 26%. Vilmorin, del grupo francés Limagrain, la alemana KWS, Bayer Cropscience con filiales en Bélgica y Los Países Bajos figuran entre las diez empresas que controlan el 75% del mercado.
Por otra parte, los monocultivos requieren más plaguicidas que el cultivo tradicional. Y muchas de estas plaguicidas provienen de Europa. Desde la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación la importación de químicos desde la Unión Europea incrementó un 135% y durante los últimos 20 años, en el caso particular de los plaguicidas, han aumentado un 469% según la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO. En Chile están permitidos por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 1.379 nombres comerciales de plaguicidas, concentrados en 400 ingredientes activos, de los cuales 103 han sido clasificados como altamente peligrosos. De esos, 51 provienen de la Unión Europea a pesar de que 24 de ellos están prohibidos en territorio europeo. Asimismo, según un informe de 2019 de la asesoría técnica parlamentaria “Regulación de Plaguicidas” elaborado para la Comisión de Agricultura en el marco de la discusión del “Proyecto que prohíbe plaguicidas de elevada peligrosidad”, de los 579 ingredientes activos permitidos en Chile, 92 no están permitidos en la Unión Europea.
María Elena Rozas de la Red de Acción en Plaguicidas sostiene en la entrevista realizada el 15 de septiembre de 2020 que el tratado con la Unión Europea ha aumentado la comercialización de estos productos por lo que los exportadores de plaguicidas serían uno de los sectores que se verían más beneficiados: “Los tratados de libre comercio son una muy mala noticia para las abejas, para los consumidores y para quienes pretendemos que se proteja la biodiversidad en nuestro país. Entonces es ganancia para algunos y pérdida para el país”.
Protección a la inversión extranjera
La Plaza Italia en el centro de Santiago fue bautizada popularmente como la Plaza Dignidad durante las primeras semanas de protestas, ya que las manifestaciones masivas en la capital encuentran su centro en ella. Miles de personas llenan la plaza semanas seguidas con láseres verdes, fuegos artificiales y consignas que resuenan al ritmo de un cacerolazo permanente. El edificio al Este de la plaza, el cuarto más alto del país con sus de más de 130 metros, quebranta el horizonte de las manifestaciones y brinda superficie para las proyecciones que aparecen en las noches: “Aguas libres”, “No + AFP”, “Democracia”. Pero la Torre Telefónica también se inserta en el horizonte político del país. Los derechos de inversores extranjeros como la propietaria de la torre pueden entrar en conflicto con las demandas de la ciudadanía que se reúne a manifestarse debajo de ella. La torre Telefónica es propiedad de la transnacional española Telefónica que tiene su casa matriz en Madrid, España. La transnacional tiene un historial de demandas a Estados por actuar en desacuerdo con sus intereses, exigiendo indemnizaciones millonarias bajo tratados de protección de inversión.
Un punto central del proceso de modernización es la inclusión de un capítulo de protección a la inversión extranjera que la Unión Europea busca establecer de manera permanente a través del Sistema de Corte de Inversión, ICS por su sigla en inglés. La protección a la inversión forma parte de acuerdos firmados entre Estados que determinan los derechos de los inversores extranjeros en los territorios de cada uno. Estos tratados son usados por los inversores extranjeros para demandar a los Estados cuando consideran que un cambio en las políticas del país receptor afecta sus legítimas expectativas de ganancias, aunque se trate de políticas que busquen proteger la salud pública, los derechos laborales o el medio ambiente. Las indemnizaciones que pueden exigir las transnacionales son considerables; Telefónica, por ejemplo, demandó en 2012 a México por rebajar las tarifas de interconexión, exigiendo una indemnización de 850 millones de euros. Tras seis años se llegó a acuerdo y la cantidad de dinero que el Estado mexicano debió pagar permanece en secreto.
La Unión Europea es el principal inversor en Chile, con una inversión acumulada de USD 91.541 millones, lo que representa un 33% del monto total de inversiones extranjeras directas en Chile. Las inversiones se concentran en el sector de energía, servicios financieros y transporte, comunicaciones y seguros. También hay inversiones europeas en áreas de protección social, como por ejemplo en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la construcción, los hospitales, instituciones educacionales y penitenciarias. La inversión europea está en la infraestructura crítica del país y con la modernización del Acuerdo en base a las propuestas europeas, se expandirá el alcance de sus derechos. Muchas empresas europeas que operan en Chile tienen, al igual que Telefónica, un historial de demandas a Estados por interferir con sus expectativas de ganancias.
El fondo de inversión italiano Generali, por ejemplo, es dueño de la AFP PlanVital que tiene 1.693.025 afiliados en Chile. En 2007, apenas un año después de la invasión israelí al Líbano, Generali demandó al Estado libanés, argumentando entre otras cosas, que este no habría brindado la protección plena y seguridad que le correspondía según el tratado de inversión suscrita entre los dos Estados. Ante cambios en el sistema de pensiones que afectasen las expectativas de ganancias de los inversionistas europeos, con el acuerdo modernizado, Generali podrá demandar al Estado chileno también. Afortunadamente para el Estado libanés, Generali que pidió 33 millones de dólares, terminó perdiendo la causa.
Por el contrario, la empresa española Repsol, dueña de cinco proyectos de energía en Chile, quien tras la desprivatización de la empresa petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales en Argentina, demandó al Estado argentino logrando una indemnización de 5.000 millones de dólares. Repsol también se fundamentó en un tratado bilateral de protección de la inversión. Sacyr, también española, que administra cuatro empresas de gestión del ciclo integral del agua en Chile, brindando servicios a más de 150.000 habitantes, demandó en 2018 al Estado de Panamá en relación con una ampliación del canal de Panamá. El caso está pendiente, y la falta de transparencia impide conocer la cifra que la empresa exige en indemnizaciones. Así como podría suceder con el fin de las AFP, si la desprivatización de las aguas se materializa a futuro, existe la posibilidad de que el Estado chileno, con base en el acuerdo modernizado con la UE, se enfrente a demandas de parte de empresas europeas como Sacyr.
América Latina es una de las regiones más demandadas del mundo. Los Estados de Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, han recibido exigencias de indemnizaciones al buscar redefinir la posición de las empresas transnacionales dentro de sus sociedades. En su conjunto, estos Estados han sido obligados a pagar por lo menos 30.376 millones de dólares en demandas de inversores extranjeros. Los montos pueden ser más altos, ya que los detalles de los arbitrios no siempre se transparentan públicamente.
Hasta el momento Chile ha enfrentado sólo tres demandas, aunque ha firmado 19 tratados bilaterales de protección de inversión extranjera con países miembros de la Unión Europea. Los tratados por lo general tienen un plazo de vigencia de 15 o 20 años en que las partes no pueden salirse de ellos. Si se integra el capítulo propuesto por la Unión Europea en la modernización del acuerdo, reemplazaría automáticamente todos los tratados entre Chile y países europeos, además de extender su cobertura a los 7 países europeos que hoy no han firmado tratados con Chile. Esto dificultará la eventual retirada de Chile de los tratados de inversión, ya que se tendría que anular el acuerdo de asociación en su totalidad. La Unión Europea propone, mediante una cláusula de término, obligar a las partes a mantener los derechos de inversores extranjeros por 20 años más tras retirarse del acuerdo. En otras palabras: si se firma el acuerdo modernizado con la propuesta europea actual, los gobiernos chilenos que vendrán tendrán que brindar derechos extensos a la inversión europea por 20 años tras una eventual retirada del acuerdo.
“Los chilenos esperarían una oleada de demandas”La propuesta europea de establecer un Sistema de Corte de Inversión (ICS) representa un cambio respecto al actual modelo, el Sistema de Resolución de Conflictos Inversor-Estado (ISDS). Donde el mecanismo ISDS establece paneles de arbitraje para la resolución de conflictos entre inversores y Estados, la Unión Europea propone establecer una corte permanente. El equipo negociador chileno, a pesar de asegurar la necesidad de incluir medidas de protección a la inversión, no está entusiasmado por la propuesta ICS. En cuanto al cambio de mecanismo, Felipe Lopeandía detalla: “lo primero es decir que esta es una idea de la Unión Europea que todavía no ha sido testeada en la realidad, incluso los acuerdos que [la Unión Europea] ya ha negociado todavía no están implementados”. El jefe negociador agrega que “En segundo lugar, sostener el establecimiento de una Corte con jueces que van a estar ahí de manera permanente en un escenario en que probablemente no va a tener un uso. No hemos tenido una historia de juicio o de litigio con empresas europeas en el pasado. Entonces, el temor es que efectivamente creemos un ente al respecto, el cual no tenga una mayor utilidad o un mayor uso en la práctica.” Otra preocupación es el costo de la corte, sin embargo, la postura chilena es “tener un análisis lo más abierto posible con respecto a una instancia como ésta”.
Respecto de la probabilidad de demandas al Estado chileno por parte de inversores europeos en el futuro, la visión de Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) contrasta con la del jefe negociador. La activista afirma que, si bien Chile no ha recibido demandas europeas, eso corresponde a la política de apertura comercial que han mantenido los gobiernos desde el retorno a la democracia. Asegura que el establecimiento de una corte de inversiones corresponde a una pérdida de soberanía que va en la dirección contraria al proceso constituyente: “Dicen proteger la inversión, y pueden demandar al país cuando interpretan una medida regulatoria como un obstáculo al comercio. Pero el Estado no tiene derecho a hacer lo contrario. Eso es entregar soberanía. Y nosotros creemos que somos un país que tiene que resguardar su soberanía. En el fondo, este tratado establece una relación de neocolonialismo”.
El profesor de Derecho de Inversión de la Universidad de York, Canadá, Gus van Harten, coincide con Sepúlveda. “Los chilenos esperarían una oleada de demandas atacando cualquier reforma que interfiera con las prioridades de negocio de multinacionales”, afirma consultado por la posibilidad de que Chile sea demandado en un escenario donde el Estado recoge las demandas ciudadanas tales como el cambio del sistema de pensiones o la desprivatización de las aguas. “Desprivatización: ahí mismo podrás esperar reclamos. [Los mecanismos de protección de inversión] están diseñados para eso. Es una suerte de último remedio cuando las multinacionales no pueden obtener lo que quieren por otras vías de lobbismo, presión política, influencia sobre el gobierno. Es lo mismo con el mecanismo ICS, que en este caso extenderá la cobertura de los inversores [europeos]”.
Sin embargo, la Comisión Europea sostiene que sus propuestas no son contrarias al ejercicio de soberanía de Chile en medio de un proceso constituyente. En una respuesta escrita a las autoras, mediante la oficina de prensa, la Comisión afirma que “la Unión Europea está negociando la protección a la inversión con sus socios comerciales respetando plenamente su derecho a la autodeterminación, y apoyando su proceso interno de democratización. Provisionando protección de inversión balanceada, apuntamos a proteger a inversores y sus inversiones establecidas en el exterior contra una variedad limitada de prácticas del Estado receptor que pueden asumir la forma de discriminación, expropiación y nacionalización sin compensación, negación de justicia, o trato manifiestamente arbitrario.” Añade que Chile ya mantiene numerosos tratados de protección de inversión con Estados europeos y que la propuesta tiene cláusulas que protegen el derecho del Estado a para obtener objetivos legítimos.
Para Pia Eberhardt, investigadora de la organización Corporate Europe Observatory (Observatorio de Europa Corporativa) radicada en Bruselas: “Lo que hace el ICS es establecer un sistema judicial paralelo, solamente accesible para los actores más ricos de nuestras sociedades. Y se sabe que los inversores extranjeros son los actores ricos en la sociedad. Solamente ellos pueden acceder a ese sistema judicial paralelo que les brinda mayores derechos que tienen bajo constituciones nacionales o legislación europea. Y no hay razón ninguna de brindarles ese privilegio”.
Gus van Harten, coincidiendo con Eberhardt, agrega que el “ICS no respeta los derechos de las instituciones domesticas, ni es balanceada porque brinda derechos increíbles a los inversores extranjeros y a nadie más, con ninguna responsabilidad accionable para los Estados”. Además, esclarece que las víctimas del Estado no tienen recursos comparables con los que se garantizan para los inversores extranjeros. “Refugiados, víctimas de tortura, personas que tienen mucho más en juego que dinero, no tienen recursos judiciales en el derecho internacional por fuera de las cortes regionales de Derechos Humanos. El recurso de la ICS es increíble e incluye cantidades especulativas de ganancias en el futuro y la indemnización puede ser garantizada internacionalmente contra los activos del Estado. Es un recurso increíble, y eso es parte de privilegiar a inversores extranjeros”.
Proceso Constituyente y modernización del pilar comercial
En abril de este año se realizó la 10º ronda de negociaciones de la modernización del pilar comercial. En julio, 46 convencionales constituyentes le solicitan a la entonces presidenta del Senado, Yasna Provoste, que no tramite el TPP-11 ni ningún otro tratado de libre comercio o inversión durante el proceso de la Convención Constitucional, demanda proveniente desde los movimientos sociales en defensa de la soberanía de los pueblos.
En su última gira por Europa durante septiembre, en cada país que visitó el Presidente Sebastián Piñera enfrentó manifestaciones donde denunciaban su responsabilidad política en las violaciones a los Derechos Humanos durante la Revuelta. En este contexto de impunidad la delegación del Parlamento Europeo, integrada por parlamentarios de centro izquierda y derecha, vienen a promover la modernización del acuerdo comercial y a reunirse con organizaciones de la sociedad civil, partidos e incluso con la Elisa Loncon y Jaime Bassa, integrantes de la Mesa Directiva de la Convención Constitucional.
El 46% de las causas por violaciones de Derechos Humanos ocurridas desde el estallido social fueron cerradas según un informe de la Fiscalía. Con datos actualizados al 28 de enero pasado, indica que originalmente se abrieron 8.581 de este tipo, de ellas, 2.013 fueron reagrupadas con otros procesos. En total quedaron activas 6.568, pero 3.050 causas ya fueron cerradas sin formalizaciones y en su mayoría prácticamente sin avances.
