Vitivinicultores sin viñas que reciben recursos públicos para el “repunte del sector” y montos no informados: autoridades salientes son acusadas ante Contraloría de mentir, por viñateros/as
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Viñateros/as en Fiscalía Nacional Económica.[/caption]
Una de las afirmaciones en cuestión se habrían emitido por parte de la ex ministra de agricultura, Maria Undurraga Marimón, ante un oficio de la Cámara de Diputadas y Diputados, que le solicita adoptar medidas de protección para evitar abusos contra viñateros/as por parte del empresariado vinífero. En la respuesta entregada el 23 de junio de 2021, se adjunta un documento firmado por el entonces director nacional de Indap, Carlos Recondo Lavanderos, el 4 de junio del mismo año, afirmando:
«Hemos promovido la formación de una Cooperativa Vitivinícola de Segundo Grado, para apoyar la gestión de la empresas asociativas campesinas que están incursionando en el negocio de acopios de uvas y vinificación”.
«Este año logramos un acuerdo para que la Empresa Forestal Arauco cediera en arriendo la bodega de vinos del fundo Cucha Cucha a la Cooperativa de Segundo Grado, la que actualmente está vinificando cerca de 400 mil litros de vino país en su primera temporada de vinificación asociativa».
De acuerdo a las organizaciones denunciantes esto sería falso, pues tal Cooperativa “no existía legalmente” a la fecha de emisión de este documento, agregando que «usaron como pantalla [...] la Cooperativa Campesina de Viñateros Uvera Vineras y Alcoholes de Ninhue que tiene unos 18 socios». La acusación se agrava en tanto algunos de sus integrantes, inclusive su representante legal a esa fecha, no estarían en el Catastro del Viñedo Chileno al cual está obligada a registrarse toda persona poseedora de más de 0,5 hectáreas de vides.
Otra de las aseveraciones refutadas fue la consignada por el ex delegado presidencial de Ñuble, Cristóbal Jardua Campos, en su cuenta pública el 28 de mayo del 2021, respecto al año anterior. En ella declaró haber contribuido a la creación de la Cooperativa de Agricultores Vitivinícolas del Valle del Itata, conformada por un total de seis empresas asociativas que agrupan 137 viticultores, «principalmente usuarios de Indap y se dedican a: producción de uva, elaboración de vino a granel y embotellado de cepas ancestrales...» pagando el precio más alto del mercado por kilo de uva.
En primera instancia, las organizaciones denunciantes plantearon que «al 28 de mayo 2021, no existía dicha Cooperativa legalmente Constituida, ya que no había registro en la División de Asociatividad y Cooperativas (DAES) del Ministerio de Economía que es el último paso para la constitución legal». Por otra parte, «tampoco es verdad la afirmación sobre que 137 socios de las 6 empresas asociativas (Ecoparras Spa, Coovicen, Viñedos Quinchamalí Spa, Cuvas de Ninhue, Centinelas Spa , Moscin S.A.) sean todos viticultores o viñateros», en tanto no están registrados en el mencionado Catastro del Viñedo Chileno. Por último, niegan que tales empresas paguen «el precio más alto del mercado, ya que tenemos las fotos de las pizarras, y estadísticas de precios del resto de intermediarios no financiados por Estado [...] En general, pagan lo mismo, pues son tomadores de precio fijados por la gran industria liderada por Concha y Toro». Al respecto, se puede visitar el artículo "Viñateros/as denuncian a poderes compradores: “son un empleado más de grandes viñas, financiados por el Estado” agregado a la presentación ante el organismo contralor.
Junto a todas estas denuncias, añaden que estas empresas han recibido financiamiento a través del FNDR [Fondo Nacional de Desarrollo Regional] de Ñuble, no obstante «estamos aún sin respuesta sobre los subsidios entregados» a ellas.
De este modo, las organizaciones viñateras plasman un cuadro alarmante: ante su reclamo por el establecimiento de condiciones productivas y comerciales apropiadas para la sustentabilidad de la vitivinicultura, autoridades públicas, junto con responder con falsedades, crearon un escenario ficticio de aparente solicitud y diligencia, cuando en realidad profundizaron el problema, entregando recursos públicos a sujetos ajenos al trabajo vinícola, que finalmente compran la uva al mismo precio que la industria, pero que además pueden vinificar y embotellar. Es decir, todo lo que pequeños productores también podrían hacer, si es que el Estado les entregara el respaldo suficiente y se corrigiera la arbitrariedad en la fijación de precios de compra de su producción.
https://www.youtube.com/watch?v=X__1wDLicCw
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