Resumiendo

La política de la corrupción

El actual espectáculo de corruptela que ofrece la clase política fue develado a fines del año pasado con el escándalo del fraude al FUT y el caso Penta, que no es otra cosa que el desenmascaramiento de prácticas ilegales, corruptas, delictivas, en que incurren representantes de la clase política para obtener favores y financiamiento de sus campañas políticas estafando y defraudando al fisco en complicidad con empresarios inescrupulosos. Eso se traduce, a su vez, en políticos doblemente corruptos, porque por un lado roban defraudando al fisco y por otro se venden a los empresarios que les hacen el favor de ayudarles en el fraude; y se venden jugando un rol activo en el parlamento que vaya en directo beneficio de sus amigos del dinero. Poderoso caballero es don dinero. Insistir en estos temas resulta molesto, por lo reiterativo, pero necesario, por lo significativo. El despreciable espectáculo ha ido escalando y abriéndose en abanico; si bien al comienzo se circunscribía a un grupo de políticos de derecha, y salpicaba a algunos concertacionistas, los hechos demuestran que estas prácticas delictivas son comunes en variados exponentes del poder político. El balance es vergonzoso, hay que decirlo. De pronto pareciera que no se abrió un abanico sino un ventilador que salpica a todo el espectro de la clase política chilena.

A los iniciales implicados de derecha, entre los que destacaban conspicuos parlamentarios y connotados dirigentes del gremialismo, aspiracionistas ambiguos y emergentes figuras del continuismo, a poco andar fue expandiéndose el campo de involucrados en el fraude y el robo; se supone que el fin de sus acciones delictivas era el financiamiento de campañas políticas de los interesados, pero a estas alturas nada se puede dar por sentado.

También a poco andar, la derecha no tardó en encontrar grietas en el financiamiento de sus adversarios actualmente en el gobierno. Y así surge el Yate Gate, primero, y el Nuera Gate, después; este último teniendo la ventaja de sacar al sol los trapitos que afectan a la propia presidenta Bachelet debido a que su hijo y su nuera son los protagonistas de un negociado que tiene su punto de partida en el mandamás del Grupo Luksic.

El caso Penta tuvo además el efecto de develar otros nichos de robo al estado como el que se produce a través de Soquimich, la empresa que controla un depredador de calaña mayor como Julio Ponce Lerou. Al amparo de este inescrupuloso, otro contingente de políticos sinvergüenzas encontró una nueva vía de succionar platas del estado para sus mezquinos intereses personales, a cambio, claro, de los consabidos favores legales en el parlamento o en las esferas administrativas o de gobierno en que los interesados lleguen a desempeñarse o se estén desempeñando. En fin, otro nicho de prácticas fraudulentas que van en directo perjuicio del erario nacional y de los intereses de todos los chilenos. Tampoco esto significa que hayamos llegado al final de la madeja; todavía no termina de desenrollarse el cúmulo de fraudes al estado. No hay que sorprenderse si siguen apareciendo detalles de más u otros involucrados.

Tampoco hay que sorprenderse por los descarados intentos de los hechores por bloquear, neutralizar y dispersar la investigación del SII y las Fiscalías. De hecho en esa dirección apuntan los grotescos intentos de Jovino Novoa de llevar el proceso a juzgados donde están sus influencias seguras, y los burdos intentos de los gobernantes por reducir el papel del fiscal Carlos Gajardo en la investigación del caso en su conjunto. Novoa fracasó en sus manejos, y la Fiscalía nacional debió echar pie atrás.

En medio de toda esta batahola de corrupción de diversas dimensiones, el país se debate en la más plena incertidumbre respecto del destino que podrían tener las mentadas reformas que se han estado agitando como las grandes promesas de este gobierno. ¿Qué desigualdad pretenden atacar los gobernantes si ellos la fomentan y potencian con sus prácticas, negocios y relaciones con los poderosos? ¿Qué intereses son los que realmente representan y expresan en sus decisiones estos políticos, gobernantes, funcionarios y parlamentarios corruptos? En algunos casos han quedado en evidencia en el curso de las investigaciones judiciales iniciadas por la Fiscalía o solicitadas por querellas del SII.

Y como siempre ocurre con nuestra lastimosa clase política, cada vez que estallan estos escándalos de robos de recursos del estado, de delitos, de fraudes, salen a coro a pedir que se tiene que “regularizar” sobre la situación, que se tiene que “legislar” para poner un marco regulatorio a estos “irregularidades”. No hay reproche, no hay autocrítica, no hay condena política. En suma, no hay decencia, no hay moral. Como bien sintetizaba un ciudadano penquista reflexionando sobre estos casos “ya no se trata de que haya corrupción en la política; esto es la política de la corrupción”.