Resumiendo

La guerra de Arauco

Los violentos sucesos represivos en contra de comunidades mapuche que se han producido durante semanas recientes en las provincias de Arauco, Malleco y Cautín están dando una señal de alerta que no puede pasar desapercibida.

El gobierno, pese a la buena disposición mostrada por el Intendente de la Región de la Araucanía, no tiene ninguna voluntad real de buscar soluciones al problema de fondo planteado por los mapuche, y en general no tiene una política coherente para responder a los conflictos que tiene el estado chileno con respecto de los pueblos originarios. Tampoco han mostrado los gobernantes ninguna disposición a respetar los compromisos y obligaciones políticas y de derecho asumidos al suscribir convenios o formar parte de organismos internacionales. Por el contrario, pese a que el Convenio 169 de la OIT señala expresamente que se debe “hacer hincapié en el respeto de los derechos de trabajo de los pueblos indígenas y tribales, y de su derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a la educación”, nuestras autoridades hacen lo opuesto. Pese a que, en reiteradas ocasiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha llamado la atención, hecho recomendaciones y exigido enmiendas de parte del Estado chileno para corregir su manera de enfrentar la relación con los pueblos originarios, en la práctica nuestras autoridades hacen oídos sordos, aunque formalmente digan o tengan que aceptar las resoluciones de la CIDH.

Como respuesta preferente y casi única el Estado y gobierno chileno sigue aplicando la represión policial sin restricciones contra los pueblos originarios; al extremo incluso de movilizar hasta Rapa Nui (o Isla de Pascua) efectivos y equipos de fuerzas especiales de carabineros para reprimir movilizaciones de los aborígenes. Represión policial que, en el caso del conflicto con el pueblo mapuche, se ha militarizado de modo alarmante en el último tiempo y ha adquirido caracteres de virulencia que solo puede tener una explicación en los marcos de un anquilosado concepto de guerra interna.

Es decir, parece ser que el Estado chileno está empeñado en una guerra contra el pueblo mapuche. Guerra bajo la modalidad bélica de conflictos de baja intensidad, pero guerra al fin y al cabo. Con la salida del gobierno de la derecha desde La Moneda, con la salida de los “coroneles” UDI y “sargentos” RN, podía suponerse que bajaría el tono y la intensidad de la acción represiva del Estado para enfrentar los conflictos sociales, particularmente los sostenidos con el pueblo mapuche por desarrollarse éstos en un territorio que la derecha política y empresarial lo considera de su absoluta potestad. Pero parece estar ocurriendo exactamente lo contrario. Tal vez la explicación esté en la llegada de “los salvadoreños” al gabinete; los expertos DC que durante la década del 80 del siglo pasado hicieron su práctica de guerra asesorando a los gobiernos reaccionarios y dictatoriales de Centroamérica, se sienten a sus anchas teniendo el control en las altas esferas de la defensa nacional y la represión interna.

El nivel de despliegue bélico que han realizado las fuerzas represivas de carabineros en la provincia de Arauco recientemente escapa a todo criterio político de manejo de los conflictos. El gobierno solo busca acallar, destruir la decisión de comunidades mapuche de reclamar por sus territorios, de exigir un trato digno y justo, de recuperar lo que le ha sido usurpado. Y ahí radica el problema. El problema es el que usurpador de las tierras y territorios mapuche son poderosos empresarios que tienen su bien montado negocio agrícola o negocio forestal en terrenos que fueron adquiridos de modo fraudulento y consagrados de modo arbitrario desde tiempos de la inexorable dictadura.

El despojo de que ha sido objeto históricamente el pueblo mapuche no lo vamos a descubrir ahora. Pero tampoco la solución es ignorarlo. Menos va a ser solución la represión o el exterminio como muchos reaccionarios exigen y desean, o como ya lo hicieron durante la guerra genocida contra los mapuche conocida como “La pacificación de la Araucanía” que le permitió a los poderosos de entonces apoderarse de todo el territorio central de esa zona del país.

No es posible seguir por ese camino de destrucción y muerte. Las presiones ejercidas por un pequeño grupo de empresarios inescrupulosos y de un puñado de políticos reaccionarios carentes de moral, no pueden estar determinando la conducta del Estado chileno en este asunto. Las posiciones regidas por los designios del pentágono y sus maquiavélicas formas de relación con los pueblos, no puede seguir determinando la conducta de las fuerzas militares y policiales de este país que se pretende independiente. La ciudadanía chilena exige una solución real y definitiva de las demandas de los pueblos originarios y un trato respetuoso de los derechos que les corresponde como personas y como pueblo ancestral.