RESUMIENDO

Las maquinaciones de los gobernantes por destruir la movilización social protagonizada por los estudiantes ha adoptado una dinámica peligrosa. Ya desde la llegada del pinochetismo UDI al gabinete ministerial se avizoraba el recrudecimiento de las estrategias demagógicas y represivas como método preferente para contener las manifestaciones ciudadanas.

El gobierno ha demostrado no tener ninguna voluntad ni disposición política para abordar el fondo del problema planteado por la movilización estudiantil: educación pública, gratuita, de calidad, garantizada como un derecho, y poner fin al lucro. Por el contrario, todos los esfuerzos gubernamentales se han centrado en defender a ultranza un sistema fracasado, abusivo, segregado y aberrante. El gobierno solo enarbola respuestas represivas para tratar los problemas políticos y sociales. No solo eso; todo indica que sectores de la alianza gobernante están empeñados en terminar con la educación pública y fortalecer la libertad de mercado en el rubro.

Los llamados a diálogo han sido expresión de la demagogia política de los gobernantes. El diálogo solo es utilizado como recurso propagandístico ante la opinión pública, pero sin tener la menor intención de dialogar, toda vez que ello significaría ceder en algunas de las demandas estudiantiles. Y ceder en algo está muy lejos de la mentalidad mercantil y dominante de los poderosos empresarios y gobernantes. Cada vez que se han producido acercamientos con los estudiantes, el gobierno ha llegado con posturas intransigentes y posiciones extremas con el claro propósito de cerrar las puertas a toda posibilidad de salida al conflicto. Tal vez la expresión más nítida de la demagogia gobernante ha sido la cínica alusión a la movilización estudiantil que hizo el presidente Piñera en su discurso ante las Naciones Unidas; allí calificó al movimiento estudiantil como “una causa noble, grande y hermosa”, cuando en la práctica ha demostrado un total desprecio por los reclamos estudiantiles, una total sordera para acoger sus demandas y, simultáneamente, su gobierno responde a cada manifestación con una represión brutal y descontrolada.

Demagogia es también la creación de la Comisión de Expertos que ha convocado el ministro de Educación que se presenta como un gran avance en la búsqueda de soluciones. En la práctica ésta ni siquiera es una Comisión; con suerte puede concebirse como un Directorio de gerentes comerciales que tiene como tarea buscar una nueva estrategia de estrujamiento de los recursos del estado, de las familias, de los estudiantes, mediante la reasignación de becas, créditos e inversiones. Es decir, una estrategia para seguir sobre explotando el lucrativo negocio de la educación.

Sin embargo, la principal herramienta utilizada por el gobierno contra la movilización social ha sido la represión. La lógica de apagar los conflictos con fuerzas especiales, gases lacrimógenos, zorrillos, palos, carros lanza aguas, violencia policial, detenciones y procesamientos, es el reflejo natural de unos gobernantes criados y formados bajo el amparo de la peor dictadura que ha conocido nuestra historia. Y, más aún, extreman el uso de otras medidas coercitivas. La presión ejercida sobre el Consejo de Rectores y municipios para que impongan los desalojos como respuesta a las tomas de establecimientos universitarios y liceos, y para que presionen, a su vez, a sus planteles estudiantiles mediante el chantaje de las becas de estudio y alimenticias, muestra a las claras la bajeza y ruindad de un gobierno enfermo de poder. En el mismo sentido se inscribe el proyecto de imponer una nueva Ley Maldita que pretende penalizar la protesta, el reclamo, las marchas, las tomas, en suma, criminalizar las luchas sociales para mantener la paz del abuso, del atropello y de la desigualdad extrema.

Estas expresiones políticas de los gobernantes desnudan aún más la relación directa y natural que existe entre gobernantes y empresarios, que no vacilan en recurrir a las peores artimañas y utilizar los métodos más repudiables para proteger sus intereses y aferrarse a sus prebendas de casta privilegiada. La clase política se comporta como otra casta incapaz de responder a las exigencias y demandas ciudadanas, y parece no darse por enterada de su escasa o nula representatividad.